Hay un derecho silencioso que todavía casi no nombramos: el derecho a comprender. No a dominar cada sistema ni a controlar toda la complejidad del mundo. Simplemente a comprender lo suficiente como para no quedar humillado frente a procesos que determinan la vida cotidiana.
Hoy muchas personas se enfrentan a instituciones, plataformas y servicios que funcionan como cajas negras. Cuando eso se vuelve normal, la incompetencia no está en la persona. Está en el diseño del sistema.
Digitalizar sin simplificar puede ser una forma de violencia administrativa. Se reduce el coste operativo de la institución mientras aumenta el coste cognitivo del ciudadano.
Defender el derecho a comprender implica asumir que la claridad no es un lujo. Es una condición de dignidad.